Juegos de poder entre las organizaciones costarricenses de personas con discapacidad y el sector de transportistas en el proceso de redefinición de la Ley 7600: el caso del transporte público remunerado, 2003-2010

dc.contributor.advisorCastro Ávila, Ana Marielaes_CR
dc.contributor.authorGonzález Alfaro, Sherilynes_CR
dc.date.accessioned2015-01-16T17:11:37Z
dc.date.accessioned2021-06-16T17:48:40Z
dc.date.available2015-01-16T17:11:37Z
dc.date.available2021-06-16T17:48:40Z
dc.date.issued2013es_CR
dc.descriptionTesis (licenciatura en ciencias políticas)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Ciencias Políticas, 2013es_CR
dc.description.abstractLa investigación se enmarca en el proceso de redefinición de la Ley 7600, ante el vencimiento del Transitorio VIII, en el cual los actores oficiales decidían respecto a las opciones para facultar el cumplimiento y/o modificación de las disposiciones de la legislación. Se plantearon cambios en el tema de transporte como: ampliación de la vida Útil de los autobuses y prórroga adicionales para la adaptación de las unidades de transporte público. De esta manera, los actores sociales estudiados, organizaciones de personas con discapacidad y las cámaras de autobuseros, emplearon sus recursos y estrategias para influenciar a los tomadores de decisiones. La lucha por la incidencia política de los actores se efectúa en espacio de desigualdad de recursos. En el tanto, las cámaras de autobuseros cuentan con los recursos económicos, humanos y de infraestructura; en contraposición, a las organizaciones de personas con discapacidad que subsisten, prácticamente, por medio del voluntariado de sus miembros y de limitados aportes del Estado, entendido como el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE). Los actores sociales emplearon estrategias tales como el cabildeo, en los ámbitos de la Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo e instituciones como: CNREE, Consejo de Transporte Público (CNREE) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Aunado, a recursos ante la Sala Constitucional, conferencias de prensa, acciones no institucionalizadas como: concentraciones y cese de obligaciones, el último caso refiere a las cámaras de autobuseros. Las organizaciones de personas con discapacidad mantuvieron un discurso que se basó en el respeto a los derechos humanos, en tanto el derecho al libre tránsito y la accesibilidad. No obstante, sus posturas no se mantuvieron unificadas y se diluían entre las múltiples organizaciones de personas con discapacidad que intentaban participar del proceso...es_CR
dc.description.procedenceUCR::Docencia::Ciencias Sociales::Facultad de Ciencias Sociales::Escuela de Ciencias Políticases_CR
dc.identifier.urihttps://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/1690
dc.language.isospaes_CR
dc.subjectPERSONAS CON DISCAPACIDADES - ASPECTOS LEGALES - COSTA RICAes_CR
dc.subjectPODER (CIENCIAS SOCIALES) - COSTA RICAes_CR
dc.subjectSERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES - POLITICA GUBERNAMENTAL - COSTA RICAes_CR
dc.subjectTRANSPORTE PUBLICO - ASPECTOS LEGALES - COSTA RICAes_CR
dc.subjectIGUALDAD ANTE LA LEY - COSTA RICAes_CR
dc.titleJuegos de poder entre las organizaciones costarricenses de personas con discapacidad y el sector de transportistas en el proceso de redefinición de la Ley 7600: el caso del transporte público remunerado, 2003-2010es_CR
dc.typeproyecto fin de carreraes_CR

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