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Ítem El sexting: incidencias y limitaciones del derecho penal costarricense(2024) Villalobos Vindas, Laura Sofía; Brenes Vargas, RodolfoÍtem Las marcas de agua digitales y la sociedad de gestión colectiva como mecanismos de protección del derecho de autor y derechos conexos en la economía digital(2002) López Rojas, Carla; Pacheco Revilla, MilenaÍtem Ítem El procedimiento de inscripción de marcas y otros signos distintivos tutelados por la Ley 7978: una perspectiva desde la protección de la lengua y el lenguaje como expresiones culturales tradicionales de pueblos indígenas costarricenses(2023) Arredondo Jiménez, Luis Eduardo; Blanco Pérez, Diego Enrique; Granados Solano, Heimy Andrea; Chacón Castro, RubénÍtem El delito de manipulación del Patrimonio Genético en el Proyecto de Código Penal(2004) Salazar Fallas, Flor SideyÍtem Necesidad de la regulación del proceso de Subasta Electrónica como proceso de ejecución extrajudicial de las Garantías Mobiliarias en Costa Rica con base en el caso de Colombia(2023) Prado Martínez, Ana Paula; Vásquez Arguedas, Renata; Álvarez Hernández, Frank AlbertoÍtem La importancia de la gestión gubernamental en el derecho ambiental moderno(2004) Campos Alvarado, José AlbertoÍtem Las políticas de la competencia en los procesos de integración económica(2004) Zúñiga Brenes, Eduardo JoséÍtem El derecho a la comunicación en el sistema penitenciario(2003) Fallas Ceciliano, YendryÍtem Análisis de la figura de maternidad subrogada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la luz del caso Artavia Murillo vs Costa Rica: una mirada extensiva a países de América Latina que han ratificado la Convención Americana de los Derechos Humanos(2022) López Mena, Hellen María; Tassara Hayling, Susana; Maxera Herrera, RitaLa hipótesis de la presente investigación respondió a que la carencia de normativa sobre la regulación de la figura de la maternidad subrogada como técnica de reproducción asistida desencadena en un escenario incongruente con los derechos humanos en diversos sentidos. Primeramente, la falta de regulación de la maternidad subrogada facilitaría la proliferación de fenómenos como la trata de personas con fines de explotación reproductiva. Y como segundo punto, dejaría en el olvido a determinado sector de la población que se ve imposibilitado para incurrir en las TRA tradicionales para satisfacer su derecho a formar una familia y sus derivados. Ello tiene como justificación que, a partir del análisis del caso Artavia Murillo vs Costa Rica, resulta posible estudiar los parámetros y estándares sobre Derechos Humanos aplicados a la FIV, los cuales deberían de aplicarse analógicamente a la maternidad subrogada, derechos como: protección familia, autonomía de la voluntad, libertad, acceso a medios tecnológicos y otros. Adicionalmente, se realiza un estudio normativo respecto de la tutela de esta figura en los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y resulta posible evidenciar que únicamente México, Argentina y Uruguay, cuentan con regulación sobre el ejercicio de esta TRA, lo que desencadena en lagunas jurídicas para las partes intervinientes, dando pie en muchos casos a situaciones de explotación reproductiva. El objetivo general de la investigación consistió en analizar si la figura de maternidad subrogada como técnica de reproducción asistida constituye un mecanismo para el cumplimiento de los derechos fundamentales contemplados en el artículo 17 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y los que de este se desprenden. En el desarrollo de los objetivos específicos, la investigación se dividió de la siguiente manera: i) El capítulo I aborda de manera detallada las técnicas...Ítem La relación fáctico-jurídica entre la legitimidad de la norma y la naturaleza jurídica del comiso (SEIZURE) a la luz del cumplimiento de derechos fundamentales: el caso del artículo 35 de la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, N.° 8204(2020) Baltodano Solórzano, Mónica María; Chinchilla Calderón, RosauraLa presente investigación surge como una reflexión a la manera en fa que nuestro país realiza el control del trans porte transfronterizo de divisas y títulos valores, y la consecuencia que establece ante la omisión de declarar la portación de diez mil o más dólares estadounidenses, o su equivalente en otra divisa. Encuentra su principal justificación en que los esfuerzos estatales dirigidos a la prevención del financiamiento al terrorismo y la legitimación de capitales no debe obviar la protección y el respeto de derechos fundamentales como la propiedad privada y el debido proceso, junto con todos aquellos principios que lo componen, en aras de que no se dé un abuso del poder punitivo del Estado frente a las personas administradas. La aplicación de la figura del comiso (seizure) en el artículo 35 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, No. 8204, propicia que se efectúe su análisis para la aplicación administrativa, pese a que es una figura del Derecho Penal que posee, por ende, elementos intrínsecos y formalidades de aplicación. Como objetivo general de la investigación, se propuso: analizar la relación fáctico-jurídica entre la legitimidad de la norma y la naturaleza jurídica del comiso (seizure) establecida en el artículo 35 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, No. 8204: a la luz del cumplimiento de derechos fundamentales. El trabajo de investigación efectuado evidenció, mediante el estudio de derecho comparado, cómo otros países latinoamericanos -en respuesta a las mismas obligaciones contraídas por Costa Rica para el control del transporte transfronterizo de divisas y títulos valores-, encontraron otras vías para realizar dicho control, que no necesariamente...Ítem Las limitaciones al derecho de huelga introducidas por la Ley N° 9808, "Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos", a la luz del Principio de Progresividad y No Regresividad en materia Laboral(2023) Campos Rodríguez, Claudia María; Oviedo Rodríguez, María Natalia; Castro Méndez, MauricioEl principio de no regresión en materia de derechos económicos, sociales y culturales es un límite impuesto por la CADH, así como por otros tratados de derechos humanos pertinentes, a las posibilidades de reglamentación de estos derechos; así, en el supuesto de que se implemente normativa que derogue o reduzca el nivel de protección o satisfacción del que ya gozaban estos derechos en un momento histórico determinado, se debe demostrar que la nueva regulación, a pesar de ser regresiva si se le compara con la normativa preexistente, resulta justificada. En enero de 2020 la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la Ley No. 9808, ¿Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, a la luz del Principio de no regresión en materia de derechos económicos, sociales y culturales¿. Dicha ley introdujo significativas modificaciones y nuevas limitaciones al derecho de huelga. De este modo, la presente investigación tiene como justificación analizar si los cambios normativos implementados a partir de la Ley No. 9808 al ejercicio del derecho de huelga en Costa Rica, resultan acordes con el referido principio de no regresión en materia de DESC, en tanto el mismo constituye una obligación internacional derivada de distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos. La nueva regulación de este derecho fundamental merece un análisis meticuloso desde la óptica de los derechos humanos teniendo en cuenta, entre otras razones, que Costa Rica es el noveno país más desigual del mundo1 y el derecho de huelga representa por antonomasia un correctivo frente la desigualdad económica2. De esta manera, el objetivo general de la investigación será comprobar si la Ley No. 9808 modifica el derecho de huelga en transgresión del Principio de No Regresividad de los derechos sociales. A partir de esto, la hipótesis es que la Ley No. 9808 añade una serie limitaciones al derecho de huelga que resultan violatorias...Ítem Análisis del procedimiento para juzgar a los miembros de los Supremos Poderes en Costa Rica a la luz de las garantías fundamentales(2023) Jiménez Arias, Gabriel; Carvajal Pérez, Marvin A.La presente investigación se realiza ante las múltiples críticas que ha recibido por parte de la doctrina costarricense el procedimiento para juzgar a los miembros de los Supremos Poderes. Así, por ejemplo, el profesor Javier Llobet afirma que no existe razón alguna que justifique el privilegio para que altos jerarcas del Estado sean juzgados por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y no por un tribunal ordinario. El Dr. Carlos Tiffer en un artículo de opinión publicado en un diario nacional califica el procedimiento de absurdo, inconsistente, contradictorio y hasta inconstitucional. El profesor Omar Vargas ha criticado que el procedimiento especial quebranta el principio fundamental de igualdad y es inconveniente desde el punto de vista social, político y de la independencia e imparcialidad. La Msc. Rosaura Chinchilla Calderón, jueza de apelación de sentencia penal, ha reprochado que los diputados sean las únicas personas que puedan escoger a quienes los van a juzgar en el futuro. Chinchilla también ha urgido por una reforma al Código Procesal Penal (CPP) que permita que estos juicios queden a cargo de la justicia común. La Asamblea Legislativa tramita dos proyectos de reforma constitucional y uno de reforma legal para modificar el procedimiento. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos del Congreso llegó al acuerdo político el 2 de marzo de 2022 de impulsar dos de estos proyectos para acabar, en palabras de los mismos congresistas, con el trámite privilegiado y diferenciado que existe actualmente. Es en el contexto anteriormente expuesto que el presente trabajo de investigación analiza el juzgamiento a miembros de los Supremos Poderes a la luz de las garantías fundamentales. Esto con el fin de determinar si existe alguna incompatibilidad con la Constitución Política. Además, se examinarán las propuestas de reforma que se tramitan desde el Congreso con el objetivo de verificar si estas logran corregir las falencias...Ítem La aplicabilidad de los estándares del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos a la materia electoral en Costa Rica: análisis de casos(2023) Lara Aguilar, Adolfo; Arias Castro, Tomás FedericoÍtem Límites de competencia entre la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones, desde el principio de separación de Poderes en Costa Rica(2023) Alpízar Rodríguez, Mariajosé; Méndez Lara, María Daniela; Córdoba Ortega, Jorge AntonioEl Estado costarricense pretende garantizar la protección de los derechos fundamentales consignados en la Constitución Política, sosteniendo su intención en la legislación constitucional como instrumento supremo del sistema de fuentes normativas. Dicho cuerpo legal establece el funcionamiento del Estado Social de Derecho mediante el pueblo, cuatro órganos con rango de Poder Público que llevan a cabo de forma independiente la protección a la sociedad en ámbitos específicos de legislación, las estrategias de ejecución, la judicialización y, la organización, dirección y vigilancia de la materia electoral. De forma que se permite a la sociedad costarricense confiar en que el Estado tiene un sistema de Poderes Públicos con determinadas funciones para alcanzar un mayor bienestar, sin delegar las tareas de uno en otro. Tal cuestión es defendida por el Principio de Separación de Poderes y sus bases filosóficas, doctrinales y normativas, asegurando que cada Poder Público actúe conforme a sus potestades, evitando abusos de poder. Centrando en un foco de estudio al Tribunal Supremo de Elecciones, debe resaltarse que, si bien la norma constitucional no establece literalmente a este órgano como un cuarto Poder Público, algunos doctrinarios sí lo consideran como tal por tener la potestad exclusiva e independiente de resolver conflictos electorales e interpretar normativa por sí mismo, en su ejercicio de organizar, defender y vigilar el derecho al sufragio en Costa Rica. Resulta entonces de gran importancia, demostrar la hipótesis de esta investigación sobre la problemática de que la Sala Constitucional exceda sus competencias de Control de Constitucionalidad en las actuaciones jurisdiccionales del Tribunal Supremo de Elecciones, pues han surgido situaciones en las cuales la primera mediante su control ejercido, ha interferido en las funciones independientes del segundo, dando paso a complicaciones que perjudican a la sociedad y al sistema...Ítem Desarrollo y regulación de los denunciantes internos (Whistleblowers) para el manejo de delitos de corrupción(2023) González Aguilar, Melanie de los Ángeles; Salazar Delgado, Oscar Iván; Rodríguez Campos, AlexanderEl presente trabajo es el resultado de una extensa investigación y de un exhaustivo análisis de la historia y regulación asociada a la lucha contra la corrupción y la aplicación de la figura del whistleblowing como sistema de denuncia de irregularidades de carácter interno. El fin de este análisis fue realizar un recorrido por los largos períodos del combate contra la corrupción y las consecuencias que esto desencadena en las sociedades, para establecer una aproximación a la figura del whistleblowing y paliar dichas consecuencias, así como la regulación pertinente a los whistleblowers (denunciantes internos) en su ámbito de protección. Se establecen las implicaciones que han tenido los países que se posicionan como pioneros en la instauración de un sistema de denuncia de irregularidades y que han tenido casos explícitos sobre whistleblowers. Para ello, se analizaron los antecedentes históricos del concepto de whistleblowing, se abarcaron los canales de denuncia que existen dentro de los sistemas de justicia modernos, se estudió la regulación pertinente al delito de corrupción, y la existente, o el intento por regular la figura del whistleblowing en Estados Unidos de América, Canadá, Perú, Chile, Reino Unido, España, Colombia y Costa Rica, para lo cual se efectuó un análisis y una comparación sobre los casos más relevantes y ruidosos de la época moderna sobre whistleblowers.